En las calles y los bares de Rasquera (Ribera d'Ebre, Catalunya) se vivió ayer con tranquilidad la vigilia de la consulta de hoy sobre la plantación de marihuana. Los habitantes de la localidad tarraconense huían del debate. “
El pueblo está dividido pero la gente no quiere hablar de ello para evitar aún más confrontación”, resumía una vecina, que evitó dar su nombre. Las asociaciones del municipio tampoco han querido tomar partido en esta batalla. En una población de menos de
1.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, ni siquiera el colectivo de jóvenes se ha posicionado. Solo dos de los tres bares del pueblo se han definido a favor o en contra de la macroplantación de marihuana. Hoy será la hora de la verdad. Los vecinos de
Rasquera podrán votar desde las
nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. El alcalde, el republicano
Bernat Pellisa, pide el apoyo del pueblo para aprobar una plantación de cannabis en terrenos municipales. Este proyecto, que cedería las plantas a la
Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) a cambio de un importante retorno económico, está englobado en un paquete de medidas para sanear las cuentas municipales.
Los vecinos se pronunciarán sobre el conjunto de medidas y no solo sobre la plantación. Entre ese
paquete de medidas anticrisis, aprobadas en un pleno del pasado mes de febrero, se incluye una subida de impuestos y la solicitud de un crédito de
500.000 euros para sanear las cuentas del Ayuntamiento. El alcalde dimitirá si el proyecto no recibe al menos el
75% de los votos. Los vecinos deberán responder a esta pregunta: “
¿Estáis de acuerdo con el desarrollo del Plan Anticrisis 2012 aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en la sesión plenaria del 29 de febrero?”. La forma en que está planteada la pregunta ha desagradado a
CiU, en la oposición, que desearía que se preguntara exclusivamente por la plantación. El proyecto, de hecho, ha disparado la tensión política en el municipio. El presidente del
Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, el convergente
Jordi Jardí, considera que la consulta no será vinculante por dos razones: porque, por un lado, se permitirá votar a los extranjeros no comunitarios y porque, por otro, acusa a la
Asociación Cannábica, promotora de la plantación, de haber empadronado en
Rasquera en los últimos días a
80 personas para inclinar la balanza a su favor. Aunque todo el mundo sabe que esas 80 personas seran las primeras en llegar de los cientos que desean vivir en un entorno normalizado de cultivo de cannabis. Jardí calcula que ese grupo supondría el
9% de la población de
Rasquera y avisa de que será la justicia la que tendrá la última palabra. “
Ya está dicho todo cuando se invita a participar a gente que no puede dar su opinión en otras contiendas electorales”, afirma. Pero el alcalde desmiente tajantemente este aumento tan abultado del padrón municipal y asegura que desde que se cerró el padrón el 31 de enero de 2012 hasta ahora solo se han inscrito cinco vecinos. Según
Pellisa, hay
940 personas empadronadas en el municipio. El alcalde ha planteado la consulta como un
plebiscito: necesita el
75% de votos para sacar adelante el plan de medidas anticrisis. De no ser así, todo el gobierno municipal dimitirá en bloque.
Esquerra gobierna Rasquera desde 2003 y
Convergència i Unió (CiU) ve en esta votación la posibilidad de recuperar la alcaldía que perdió en
1995. Si
Pellisa pierde la consulta, los cuatro ediles del equipo de gobierno dimitirán y cederán el mando a CiU, que obtuvo tres escaños y gobernaría entonces sin oposición. La población está dividida en torno a la consulta. Pero, pese a los airados debates, ha optado por la prudencia. Y, a lo sumo, ha habido acaloradas discusiones entre partidarios de ambos bandos. El proyecto municipal implicaría ceder
siete hectáreas a la asociación cannábica, que de entrada abonaría al Consistorio
36.000 euros y luego
650.000 euros por cada uno de los dos años que estaría en vigor el contrato. Esa suma permitiría saldar la deuda de
1,3 millones del Consistorio, además de crear
cinco puestos de trabajo directos y 40 indirectos. “
He pasado muchas noches sin dormir y no ha sido un proceso fácil”, dijo
Pellissa, que hoy conocerá finalmente si su proyecto llega a buen puerto.
En las calles y los bares de Rasquera (Ribera d'Ebre, Catalunya) se vivió ayer con tranquilidad la vigilia de la consulta de hoy sobre la plantación de marihuana. Los habitantes de la localidad tarraconense huían del debate. “El pueblo está dividido pero la gente no quiere hablar de ello para evitar aún más confrontación”, resumía una vecina, que evitó dar su nombre. Las asociaciones del municipio tampoco han querido tomar partido en esta batalla. En una población de menos de 1.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, ni siquiera el colectivo de jóvenes se ha posicionado. Solo dos de los tres bares del pueblo se han definido a favor o en contra de la macroplantación de marihuana. Hoy será la hora de la verdad. Los vecinos de Rasquera podrán votar desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. El alcalde, el republicano Bernat Pellisa, pide el apoyo del pueblo para aprobar una plantación de cannabis en terrenos municipales. Este proyecto, que cedería las plantas a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) a cambio de un importante retorno económico, está englobado en un paquete de medidas para sanear las cuentas municipales.
Los vecinos se pronunciarán sobre el conjunto de medidas y no solo sobre la plantación. Entre ese paquete de medidas anticrisis, aprobadas en un pleno del pasado mes de febrero, se incluye una subida de impuestos y la solicitud de un crédito de 500.000 euros para sanear las cuentas del Ayuntamiento. El alcalde dimitirá si el proyecto no recibe al menos el 75% de los votos. Los vecinos deberán responder a esta pregunta: “¿Estáis de acuerdo con el desarrollo del Plan Anticrisis 2012 aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en la sesión plenaria del 29 de febrero?”. La forma en que está planteada la pregunta ha desagradado a CiU, en la oposición, que desearía que se preguntara exclusivamente por la plantación. El proyecto, de hecho, ha disparado la tensión política en el municipio. El presidente del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre, el convergente Jordi Jardí, considera que la consulta no será vinculante por dos razones: porque, por un lado, se permitirá votar a los extranjeros no comunitarios y porque, por otro, acusa a la Asociación Cannábica, promotora de la plantación, de haber empadronado en Rasquera en los últimos días a 80 personas para inclinar la balanza a su favor. Aunque todo el mundo sabe que esas 80 personas seran las primeras en llegar de los cientos que desean vivir en un entorno normalizado de cultivo de cannabis. Jardí calcula que ese grupo supondría el 9% de la población de Rasquera y avisa de que será la justicia la que tendrá la última palabra. “Ya está dicho todo cuando se invita a participar a gente que no puede dar su opinión en otras contiendas electorales”, afirma. Pero el alcalde desmiente tajantemente este aumento tan abultado del padrón municipal y asegura que desde que se cerró el padrón el 31 de enero de 2012 hasta ahora solo se han inscrito cinco vecinos. Según Pellisa, hay 940 personas empadronadas en el municipio. El alcalde ha planteado la consulta como un plebiscito: necesita el 75% de votos para sacar adelante el plan de medidas anticrisis. De no ser así, todo el gobierno municipal dimitirá en bloque. Esquerra gobierna Rasquera desde 2003 y Convergència i Unió (CiU) ve en esta votación la posibilidad de recuperar la alcaldía que perdió en 1995. Si Pellisa pierde la consulta, los cuatro ediles del equipo de gobierno dimitirán y cederán el mando a CiU, que obtuvo tres escaños y gobernaría entonces sin oposición. La población está dividida en torno a la consulta. Pero, pese a los airados debates, ha optado por la prudencia. Y, a lo sumo, ha habido acaloradas discusiones entre partidarios de ambos bandos. El proyecto municipal implicaría ceder siete hectáreas a la asociación cannábica, que de entrada abonaría al Consistorio 36.000 euros y luego 650.000 euros por cada uno de los dos años que estaría en vigor el contrato. Esa suma permitiría saldar la deuda de 1,3 millones del Consistorio, además de crear cinco puestos de trabajo directos y 40 indirectos. “He pasado muchas noches sin dormir y no ha sido un proceso fácil”, dijo Pellissa, que hoy conocerá finalmente si su proyecto llega a buen puerto.
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